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S. Alonso
De la escuela de Patronato
a la escuela Nacional
Don Anselmo González González
nació en Galilea en el año 1750. Perteneció a esa pléyade de riojanos ilustres
que en la segunda mitad del s. XVIII tuvieron que emigrar a tierras del sur,
estableciéndose en la ciudad de Cádiz donde se dedicó toda su vida a la
actividad mercantil, acumulando una gran fortuna. El 26 de septiembre de 1810
encontrándose enfermo, y al no tener herederos forzosos, pues era soltero,
otorgó poder para testar en su nombre a favor de Esteban Gastaca, José Puyados
y Clemente Fernández Elías, quién años más tarde sería también albacea de Juan
Esteban Elías, fundador de la escuela de Soto de Cameros y ejecutor de su
voluntad, y les nombró sus herederos fideicomisarios, solidaria y
mancomunadamente, para que aplicaran el importe de su caudal, una vez liquidada
su testamentaría, al único comunicado que les dejaba. Este comunicado consistía
en que lo sobrante de sus bienes, en caso de haberlo, se aplicasen a la mejor
enseñanza e instrucción , en primeras letras, de los niños pobres de Galilea, su
pueblo natal, bajo la dirección, vigilancia y cuidado de los señores cura y
alcalde del mismo pueblo a quienes, desde este momento instituía también en
patronos.
Asimismo disponía que, en caso
de que sobrase dinero después de pagar al maestro o maestros que se estimasen
precisos para los mayores adelantamientos de la juventud, instrucción de la
doctrina cristiana para que llegasen a formar a aquella juventud útil a la
religión y al Estado, se les diese a los niños libros, papel, tinta, plumas y
demás que se necesitase, además de alguna ropa. El capital que se destinase a
este fin había que invertirlo para que con sus productos se garantizase la
perpetua duración de la obra pía que se constituía.
Anselmo González murió al día
siguiente mismo de dar poder, a las nueve de la noche. Inmediatamente sus
albaceas iniciaron los trámites de la testamentaría, pero la tarea no fue
fácil. Duró catorce años. La mayor parte de su caudal consistía en créditos de
dudoso cobro, pero por fin consiguieron reunir fondos suficientes con qué cubrir
todas las obligaciones, y dejaron sobrante suficiente para aplicarlo a la
Fundación de la escuela. El 15 de diciembre de 1824 se reunió la junta de
acreedores donde se aprobó el estado de cuentas y el pago de acreedores. El día
24 del mismo mes de diciembre, los albaceas, para desembarazar sus conciencias
de esta carga, antes de que una imprevista muerte les impidiese hacerlo,
decidieron transferir esta institución y nombramiento de herederos en los
ministerios eclesiástico y secular, representados en los señores cura y alcalde
de Galilea para que, sin pérdida de tiempo, tomasen el resto de los bienes de la
testamentaría de don Anselmo González, tal y como resultaban del estado que,
judicialmente, habían presentado, y les diesen, bajo su responsabilidad, de la
que ellos se descargaban, la aplicación puntual y exacta.
Encargaban a los señores cura
y alcalde, y a los que en lo sucesivo les sucedieran, el que procurasen cumplir
con su responsabilidad el mejor desempeño de esta escuela pública y la
conservación de sus capitales , con cuyo fruto
se habría de sostener, por ser
todo conforme a la voluntad del fundador. El capital fundacional, además del
invertido en la construcción del edificio, escuela y vivienda y en la
adquisición de huerto para el maestro, ascendía a 156.000 reales, muy inferior
al que se había desembolsado para otras escuelas de similares características,
como la de Ajamil,
Aldeanueva de Cameros y mayor incluso que el inicial de San
Román. En 1956 estaba invertido en títulos de la deuda perpetua interior al 4%,
por un valor de 39.000 Pts .
En 1922 se clasificó como Fundación benéfico particular
docente, y el 15 de mayo de 1923 la escuela se convirtió en escuela nacional.
El día 9 de diciembre de 1946 se transmutaron los fines de la Fundación, y la
renta de su capital se destinó a mantener las obras circunescolares, premio de
los alumnos de mayor aplicación, ropero, formación de biblioteca escolar, ayuda
y estudio a la catequesis parroquial, y de los círculos de estudio de Acción
Católica. El 7 de marzo de 1947 se aprobó el reglamento por el que habría de
regirse estas obras circunescolares.
Esta escuela de Patronato
funcionó a lo largo de 100 años bajo la presidencia de los patronos, cura y
alcalde respectivos. El 28 de abril de 1919, la Junta Local de Primera
Enseñanza , encargada de velar por los intereses de la enseñanza en nuestra
localidad, dirige una comunicación al Ayuntamiento para iniciar los trámites de
sustitución de la escuela de patronazgo por escuela nacional. Fundamentan su
escrito en el hecho de que en el último censo de 1910, Galilea tenía
empadronados 568 vecinos y este hecho le hacía merecer una escuela nacional de
niños puesto que ya contaba con una de niñas.
Pero además había otras
poderosas razones que avalaban esta petición de la Junta Local. Argumentaban
que la creación de esta escuela era de una urgencia extremada, dado que la
escuela de patronato había interrumpido su funcionamiento porque el patrimonio
que legó el fundador había disminuido hasta casi desaparecer; pero sobre todo
porque las retribuciones de los maestros de las escuelas estatales eran muy
superiores a las que pudieran ofrecerse a las de patronato, siempre ligados al
patrimonio de su fundador. Por tal motivo resultaba muy difícil sustituir a los
maestros que abandonaban su cargo por cesar en sus funciones, o por haberse
promocionado a los de titularidad estatal.
El escrito de la Junta Local
de Enseñanza conminaba al Ayuntamiento a que formulase el expediente oportuno
ante la superioridad
“…a fin de que se cree una escuela nacional de niños en
sustitución de la de patronato.”
Paralelamente, y en el mismo
sentido, los copatronos de la Fundación, como máximos responsables de la misma,
dirigen a su vez otro escrito al Ayuntamiento manifestando la dificultad que
entraña el mantenimiento de la escuela de niños
“…con los solos
recursos que le dotó el fundador, los cuales disminuyen progresivamente para
mantener con decoro un maestro, además de dotar a la escuela del material
necesario.”
Esta circunstancia habría
motivado la renuncia del actual maestro Don Cesareo Alonso para trasladarse a la
escuela nacional de Ávalos. En este sentido informaban que el sueldo anual del
maestro estaba estipulado en 825 Pts, de las que la fundación sólo podía
abonarle 395, siendo de cargo del Ayuntamiento las otras 430. Justificaban la
liquidación de la escuela siguiendo el espíritu de las declaraciones del
fundador que, en su testamento, establecía que los bienes que legaba quedarían,
con sus intereses, afectados al fomento de la enseñanza primaria de su pueblo.
Los co-patronos creían
interpretar fielmente la voluntad y disposiciones de aquel hijo insigne,
poniendo dichos bienes a la disposición del Ayuntamiento a fin de que éste
pudiera dar mayor esplendor a la nueva escuela que ha de crearse. Aconsejaban
los patronos, en su escrito, que los fines a los que podían destinarse los
fondos que quedaban de la Fundación bien pudieran ir a mejorar el local de la
escuela nacional de niños, que ha de crearse; reforzar el material pedagógico de
dicho centro; a premios para la mejor asistencia de los niños pobres; y a
premiar a los maestros cuyo celo e interés por la enseñanza sean reconocidos
como extraordinarios por las autoridades locales.
A la vista de estos dos
escritos los asistentes a la reunión tomaron el siguiente acuerdo:
“1.- Solicitar de la
superioridad la concesión de una escuela nacional de niños por tener este
municipio más de 500 almas.
2.- Aceptar la oferta
de los copatronos para que los intereses de los bienes que administran sean
invertidos en mejorar la enseñanza de la escuela nacional de niños.
3. Contraer el
compromiso por parte del Ayuntamiento que, una vez que la escuela nacional de
niños se cree, dotarle de un local, casa-habitación para el maestro y material
escolar. Si no se dispusiera de casa, habilitar una partida del presupuesto
para el arrendamiento.
4. Que sin demora
alguna se inicie expediente ante la superioridad por carecer de maestro la
escuela de Patronato y ser difícil encontrar un profesor que se preste con un
sueldo inferior al ofrecido por el Estado.”
El alcalde, Leopoldo
Fernández, hace valer su amistad con el diputado nacional por Torrecilla don
Alberto Villanueva y el día 1 de mayo de 1919 le dirige una carta a la que el
diputado contesta,
“…con mucho gusto se
hace cargo de su carta y se ocupará con el mayor interés del asunto que tanto le
interesa.”
Los contactos son intensos en
este mes de mayo puesto que don Alberto Villanueva remite una nueva carta al
alcalde en la que le dice lo siguiente:
“Recibo su carta, y me
escribe con el mayor interés don Alberto Gutiérrez de Barcena, -diputado
provincial por el mismo distrito que el Sr. Villanueva que también intercedió de
manera activa en los logros de nuestro pueblo, pero que no tuvo el
reconocimiento de aquél- sobre el mismo asunto "escuelas". Teniendo usted
presente mi constante actuación durante el cortísimo tiempo que he tenido la
honra de representar a ustedes en Cortes, hasta el extremo de que, en el asunto
de la carretera no había ni siquiera proyecto, están ustedes atendidos en sus
aspiraciones y a punto de anunciarse la subasta apenas pase el periodo
electoral.
No creo que me hagan
ustedes la injusticia de creer que con menos actividad y empeño he de atender a
cuanto a la primera enseñanza se refiere, y a ustedes tanto interesa. El
expediente se encontraba a informe de consejo de instrucción pública, y se tiene
interesada la urgente tramitación. Pero, aun conseguido, ustedes no pueden
ignorar que en el presupuesto vigente no hay crédito para la creación de
escuelas. Estas son las calamidades de los presupuestos prorrogados y en
vigencia por dozavas partes. Hasta que las Cortes voten nuevos créditos la
situación será esa y, amigo Fernández, esto es algo que está por encima de todo
esfuerzo de voluntad. Sé que usted tiene plena seguridad en nuestra intensa
ayuda en todo momento.”
Incluso su padre, el insigne
don Miguel Villanueva, a la sazón Presidente del Senado, interviene,
dirigiéndose en dos escritos, al Presidente del Consejo de Instrucción Pública
y a don Rafael Altamira para que intercedan, favorablemente, en esta
reconversión. En 1922, dos años después, el Patronato se clasificó como
Fundación benéfico-particular docente y el 15 de mayo de 1923 la escuela se
convirtió en escuela nacional de niños.
Aún faltaba lo más importante:
conseguir un solar para construir un edificio que albergase la recién creada
escuela nacional. El terreno que se había adquirido era en el que más tarde
habrían de levantarse las viviendas de los maestros, pero que desde un
principio, dado que su superficie era menor a la exigida por el Estado, iba a
estar rodeado de problemas. El 23 de julio de 1923 la Dirección de Primera
Enseñanza remite una comunicación, aparecida en la Gaceta de Madrid en fecha 27
de enero, autorizando la construcción, por cuenta del Estado, de un edificio
para escuelas públicas. En ese momento, su construcción era ya necesaria puesto
que las clases se estaban impartiendo en casas particulares y arrendadas para
tal fin. Como contribución a la realización de este proyecto, el Ayuntamiento
aportaría 1.000 Pts en metálico, 600 caballerías para el arrastre de materiales
y consignar en su presupuesto la cantidad de 100 Pts anuales para la
conservación del edifico construido.
El expediente tramitado por el
Ayuntamiento ante el Ministerio de Instrucción Pública, se paraliza, sin
justificación alguna durante dos años. El último día del año 1925, se celebra
un pleno extraordinario para aprobar la confección de un nuevo expediente en el
que se ofrecía al Estado la aportación del solar
donde
instalar el nuevo edificio docente; una cantidad equivalente al 8% en
metálico del importe total de las obras; y el compromiso solemne de consignar,
en cada presupuesto anual, una cantidad equivalente al 1% de las obras
para atender a su conservación y reparación.
La Dirección General de
Primera Enseñanza no contesta hasta el 18 de septiembre de 1926, devolviendo el
expediente instruido por el Ayuntamiento el 26 de marzo de 1923. Las razones
que alega son que, el solar ofrecido por el municipio de 439,42 metros
cuadrados, en la, entonces, calle de la fuente, es insuficiente para construir
el edificio que se pretende. La corporación lamenta la tardanza en contestar
por parte del Ministerio y se plantean entre disponer de un solar menos amplio,
a ocuparse directamente en instalar, en alguna de sus dependencias, las nuevas
escuelas. El alcalde se reúne con el inspector de Primera enseñanza por si era
factible construir dichas escuelas en el mismo edificio de la casa Consistorial
que acaba de inaugurarse. Visitado este edificio por el inspector, éste remite
un informe positivo, y les hace ver la conveniencia de desistir en sus
pretensiones de financiación por parte del Estado. En vista de ello se acuerda
iniciar los trabajos necesario para reformar el segundo piso de la casa
Consistorial y convertirlo así en escuelas nacionales. Esto se efectúa el 27 de
marzo de 1929.
Con esta fecha, la Inspección
Provincial de Logroño autoriza el traslado, desde las casas particulares y en
régimen de arrendamiento, donde funcionaban las clases, hasta la segunda planta
del Ayuntamiento, las escuelas nacionales que habría de estar vigentes hasta
1953.
El destino de la
Fundación.
Ya ha quedado dicho que en
1923 la escuela de Patronato se convirtió en escuela nacional de niños. Por
consiguiente, asumidas por el Estado las competencias de la Fundación, ésta se
clasificó como Fundación particular benéfico-docente y así funcionó hasta 1946.
Su funcionamiento estaba controlado y regulado por una sección del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes que llevaba, precisamente, este nombre.
En el mes de enero de 1934 se
remite, por este organismo, un escrito a los patronos de la fundación en el que,
amparándose en la orden ministerial del 21 de noviembre de 1931, devuelven las
cuentas de dicha Fundación, a fin de que se rehicieran nuevamente dado que no
aprobaban ciertas partidas consignadas en ellas. Por otra parte, les ordena
que, en unión de la Junta Provincial de Beneficencia, regulen la marcha de la
fundación e incoen el oportuno expediente para la venta, en pública subasta, de
los inmuebles propiedad de la Obra Pía, a la vez que instruyan el expediente de
transmutación de fines que perceptúa la ley.
Una orden de la Dirección
General de Primera Enseñanza a la que pertenecía la sección de fundaciones
benéfico-docentes , de fecha 10 de octubre de 1933, acuerda que se den de baja
ciertas partidas anotadas en las cuentas de 1931, pasando a engrosar el saldo de
1932. Ordenaba, asimismo, que el Patronato llevase a cabo las gestiones
necesarias para cobrar los créditos pendientes que tenía. Con el saldo
existente y el importe de estos créditos, el Patronato debía invertirlos, a
nombre de la Fundación, en una lámina intransferible de la deuda pública, a
través de la intermediación de agentes de cambio y bolsa.
Con anterioridad, los tres
alcaldes que habían ejercido este cargo en la última etapa de la vida del
Patronato, remiten una instancia a la Junta Provincial de Beneficiencia, en la
que justifican y defienden su gestión al frente del mismo. Informan que a
medida que fueron transcurriendo los años, cada uno de los exponentes,
-Florentino Fernández, José de la Prida y Anselmo Cenzano- en unión del párroco,
ya fallecido, don Eulogio Ruiz Viana, formalizaron y presentaron, para su debida
tramitación a la Junta Provincial de Beneficencia, las cuentas de la Fundación,
las que aun hallándose reintegradas y justificadas, quedaban retenidas en la
oficina provincial sin que, al parecer, hubieran sido cursadas a la
superioridad.
Más adelante expresaron su
sorpresa por la resolución tomada por este organismo y dirigían hacia el cura su
responsabilidad, argumentando que ellos fueron patronos en distintos años, y
aquél lo fue siempre. Justifican las inversiones efectuadas en inmuebles
propiedad del Patronato, en el hecho de que si desaparecieran no podrían dar
producto alguno ni ser habitadas, como lo fueron inmediatamente después de su
reparación. Acusaban de pasividad a la Administración que, en distintas fechas
acudieron con instancias, suplicando la oportuna autorización para efectuar las
reparaciones, y los escritos quedaron sobre la mesa de la Junta Provincial de
Beneficencia.
Estos razonamientos, y algunos
más, esgrimían los patronos de la Fundación para demostrar que su
responsabilidad era excusable por la inexistencia de lucro, ni intención de
cometerlo, teniendo en cuenta que los intereses de la Fundación no sufrieron
quebranto alguno ya que, por haber sido reparados los edificios, han repercutido
positivamente en la obra pía. A pesar de estos argumentos, la Dirección General
de Primera Enseñanza desestima la petición y declara a los firmantes
responsables de las cantidades mal invertidas, durante el tiempo que formaron
parte del Patronato.
Subasta de los
bienes inmuebles.
La orden ministerial de 21 de
noviembre de 1931 ordenaba incoar el expediente para vender, en pública subasta,
los bienes inmuebles del Patronato. Esta subasta se lleva a cabo el 1 de junio
de 1943 y su importe se invierte en una lámina intransferible de la deuda
pública. Los inmuebles que poseía el Patronato, según el pliego de condiciones
por el que se rigió la subasta, eran los siguientes. Una casa, sita en la calle
Alberto Villanueva, limitando por la derecha con la casa de Maximiliano
Martínez, por la izquierda con la de Justo Tejada y a la espalda con el mismo
propietario que por la derecha. Esta casa se valoró en 6.000 Pts. Mil pesetas
más se valoró la casa que radicaba en la calle Anselmo González, lindante por la
derecha con la casa de Patricio Pascual y por la izquierda con los herederos de
Luca Martínez y por la espalda con la Calleja del Loco.
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