|
©
S. Alonso
SU RENUNCIA NO
ADMITIDA
El nombramiento de Juan José de Tejada como
secretario de la Suprema coincidió con un momento convulso en la historia de
España. El rey Carlos II, último de la
casa de Austria, estéril y enfermizo, murió en
1700 sin dejar descendencia. Durante los años
previos a su muerte, la cuestión sucesoria se convirtió en asunto internacional,
e hizo evidente que la Monarquía Española constituía un botín tentador para las
distintas potencias europeas. Tanto
Luis XIV de Francia como el
emperador
Leopoldo I de Austria estaban casados con
infantas españolas hijas de
Felipe IV, (los esponsorios del rey francés
con la infanta María Teresa fueron celebrados por el tío de Juan José, el
Arzobispo Diego de Tejada), por lo que ambos alegaban derechos a la sucesión
española.
 |
|
Felipe V |
Precisamente a través
María Teresa de Austria, hermana mayor de
Carlos II, el
Gran Delfín, hijo primogénito y único
superviviente de Luis XIV, era el legítimo heredero de la Corona española, pero
era ésta una elección problemática y por consiguiente Francia pasaría a tener la
hegemonía sobre las demás naciones europeas Como consecuencia de ello,
Inglaterra y
Holanda veían con recelo los resultados de esta
posible unión y el peligro que para sus intereses pudiera suponer la emergencia
de una potencia de tal orden.
Los candidatos alternativos eran el emperador
romano Leopoldo I, primo hermano de Carlos II, y el Elector de
Baviera,
José Fernando. El primero de ellos también
ofrecía problemas formidables, puesto que su elección como heredero hubiese
supuesto la resurrección del imperio Habsburgo del siglo XVI (deshecho por la
división de la herencia de
Carlos V entre su hijo
Felipe y su hermano
Fernando). Francia e Inglaterra, inmersos en la
guerra de la Gran Alianza, pactaron la
aceptación de
José Fernando de Baviera como heredero al trono
español, y en consecuencia el rey Carlos II lo nombró
Príncipe de Asturias.
El problema surgió cuando José Fernando de
Baviera murió prematuramente en
1699, lo que llevó al
Segundo Tratado de Partición. Bajo tal acuerdo,
el Archiduque Carlos era reconocido como heredero, pero dejando todos los
territorios italianos de España a Francia. Si bien Francia, Holanda e Inglaterra
estaban satisfechas con el acuerdo, Austria no lo estaba y reclamaba la
totalidad de la herencia española. Entonces Carlos II testó a favor de
Felipe de Anjou, si bien, estableciendo una
cláusula por la que éste tenía que renunciar a la sucesión de Francia.
El pueblo español, hastiado del largo y agónico
reinado de Carlos II lo recibió con una alegría delirante y con esperanzas de
renovación. Sin embargo, la precipitación y prepotencia de Luis XIV hicieron
cambiar la situación. La guerra se inició al principio en las fronteras de
Francia, y posteriormente en la propia España, donde se trató de una guerra
europea en el interior de España sumada a una auténtica guerra civil,
fundamentalmente entre la
Corona de Aragón, partidaria del Archiduque, el
cual había ofrecido garantías de mantener el sistema federal y foral, y
Castilla, que había aceptado a Felipe V, cuya
mentalidad era la del estado moderno y centralista al modelo francés.
Esta fractura social y sobre todo eclesiástica tiene su reflejo en lo que
el historiador Domínguez Ortiz dice al respecto:
«En los
reinos de Castilla, las defecciones a la causa borbónica fueron muy escasas; el
altar, el púlpito, y hasta el confesionario, se utilizaron como armas de
propaganda a favor de Felipe V. El cardenal Portocarrero, Belluga y el obispo
de Córdoba alistaron escuadrones y regimientos. En Tarazona se formó un
regimiento de eclesiásticos cuyos capitanes y oficiales eran los canónigos. El
obispo de Calahorra llegó allí a caballo, capitaneando un batallón montado de
500 clérigos. Parecidas escenas se vieron en Murcia»
No menor pasión
desplegaron los seguidores del archiduque.
«Cuando éste
entró en Madrid, un fraile victorioso (Gaspar Sánchez, que luego murió en
estrechísima prisión) levantó partidas en su favor Al recuperar la capital,
Felipe prendió o desterró al patriarca de Indias, al Inquisidor general y a
otros personajes de menos cuenta».
En las órdenes
religiosas se produjeron graves discordias; en general
«…los
jesuitas se distinguieron por su celo borbónico, mientras los mendicantes se
mostraron austracistas. al menos, en la Corona de Aragón. Los capuchinos de
Valencia llegaron a empuñar las armas. Bastantes mercedarios fueron, después de
la guerra, desterrados a Nápoles. En Murcia los franciscanos.., fueron
detenidos, enviados a Madrid y reemplazados por otros procedentes de Andalucía»
Esta polarización entre el sociedad española,
civil y religiosa, pero sobre todo entre sus regiones, en donde Aragón quedaba
bajo la influencia de los seguidores austriacos, pudo ser la causa para que,
apenas un año después de ser nombrado consejero de la Suprema, el
15 de julio de 1702,
nuestro paisano presentara
la carta de renuncia en
Madrid al Inquisidor Mendoza. Esta renuncia, precisamente, provocaría un
enfrentamiento de poder entre el recién coronado rey Borbón y el díscolo y
autoritario Inquisidor General, que venía a poner en evidencia la feroz lucha
soterrada por mantener el control político sobre un instrumento tan poderoso
como era el Consejo de la Suprema.
Tanto la
remoción como la renuncia o jubilación de los consejeros de a Suprema
corresponde aprobarla al rey. Cuando Juan José de Tejada presentó la renuncia a
su puesto de consejero, el Inquisidor General admitió el cese, no así el rey que
mandó continuase en su puesto, como efectivamente lo hizo. Mendoza «pretendió
defender» que Tejada no era inquisidor, al haber aceptado el su dejación. Y aquí
empezó el problema.
En virtud de
este lance, Juan Fernando de Frías, fiscal del Consejo de la Inquisición y
partidario de Mendoza, elaboró un informe en el que manifestaba que nadie podía
ser inquisidor sin consulta del Inquisidor General, siendo éste el competente
para otorgar las renuncias. El referido aserto se trasladó al monarca, quien a
su vez —mediante decreto de 24 de noviembre 1703—lo remitiría al Consejo para
que expresara su opinión en torno al asunto. El Consejo, una vez visto, designo
a Lorenzo Folch de Cardona para que respondiese al escrito de Frías.
A tal fin, Folch
remitió otro informe —fundado en breves, bulas, decretos, consultas y
resoluciones—, el cual seria examinado y aprobado por el Consejo. El resultado
de todo ello fue la consulta de 4 de enero de 1704, en la que la Suprema, entre
cuyos miembros se encontraban enconados detractores de su presidente Mendoza, se
oponía al ideario del Inquisidor General.
El Consejo de la
Suprema Inquisición se negaba reiteradamente a votar y firmar tamaños abusos de
poder del inquisidor Mendoza. Por tal motivo, tiempo atrás, éste mandó prender a
tres consejeros que se distinguieron en por su resistencia; propuso al rey, con
motivos ajenos de verdad, la jubilación de D. Antonio Zambrana, Juan de
Arzemendi (a quien, recordemos, sustituyó Juan José de Tejada) y D. Juan
Miguélez, y envió a este último preso, con escándalo imponderable, a Santiago.
En definitiva
era preciso poner remedio a las desavenencias continuas que se sucedían entre el
Inquisidor general y la Suprema en cuestiones de gobierno y de jurisdicción, ya
ordinarias, ya extraordinarias. La solución dependía únicamente de la decisión
que se sirviese tomar el monarca, en uso de sus facultades soberanas.
 |
|
Mª Gabriela de Saboya que no aceptó la
renuncia de Juan José de Tejada |
Mendoza admitió
ésta decisión en lo atinente a la jurisdicción eclesiástica apostólica, pero,
ausente Felipe V en Nápoles, la reina Maria Luisa Gabriela de Saboya, como
regente gobernadora, se negó a aceptarla, ordenando a Tejada que continuase
sirviendo su plaza en el Consejo. El Inquisidor general, según manifestó al
Romano Pontífice en misiva remitida desde Segovia el 19 de agosto de 1702,
consideraba que la resolución Real sólo podía afectar a los honores y
emolumentos que procedían de la liberalidad regia, pero de ningún modo a la
facultad de votar en causas de fe, una vez desposeído el renunciante de la
jurisdicción apostólica delegada.
El Consejo de la
Inquisición, en consulta de 23 de agosto de 1702, sostuvo, por el contrario, que
los Inquisidores generales carecían de potestad suficiente para remover, cesar o
variar la condición de los consejeros de la Suprema, dado que,
«sin el
consentimiento de los señores Reyes no pueden los señores Inquisidores Generales
remover, ni jubilar a los consiliarios del Consejo, ni suspenderles la
jurisdicción eclesiástica y espiritual que al tiempo de la nominación de Sus
Majestades les confiere la Sede Apostólica, de quien inmediatamente la reciben
por medio de los títulos que los señores inquisidores generales les despachan»
A pesar de las
protestas de Baltasar de Mendoza, y de conformidad con lo ordenado por la reina
gobernadora que coincidía con lo argumentado por la Suprema, Juan José de Tejada
siguió sirviendo su plaza y votando en las causas de fe.
Pero el
puntilloso Baltasar de Mendoza insistía. Desde su virtual destierro en Segovia,
en su Quinta de Lobones, alentó al fiscal del Consejo de la Inquisición, Juan
Fernando de Frías, para que redactase un escrito anónimo en el que se defendiera
e hiciese público que, una vez admitida la renuncia de Tejada por el Inquisidor
general, no podía continuar desempeñando éste su plaza, pese a que el rey así se
lo hubiere mandado.
A través de un
R.D. de 24 de diciembre de 1703, Felipe V dispuso que se remitiesen al Consejo
de Castilla, para que dictaminase a la vista de ellos, los autos y consultas
evacuadas por el Consejo de la Inquisición con ocasión de los procedimientos
seguidos por el Inquisidor general Baltasar de Mendoza, tanto en la causa del P.
Fr. Froilán Díaz como sobre la jubilación de los tres consejeros de la Suprema (Zambrana
de Bolaños, Arzeamendi y Miguélez de Mendaña Osorio), creación de empleos y
oficios supernumerarios en perjuicio de la hacienda del Santo Oficio y
prosecución de Tejada García en el ejercicio de su plaza de ministro de aquel
Consejo, tras haber presentado su renuncia a ella.
En términos
generales, como no podía ser de otra forma, la resolución última se confirma con
lo argumentado en la consulta, y con su conclusión, en la que se instaba que
Juan José de Tejada continuase sirviendo, como así lo hizo, su plaza de
consejero-inquisidor
|